“Ciutat morta”: desearíamos que fuera una excepción…

Por Carlos Delclós y Albert Sales // 

La emisión del documental Ciutat Morta en el Canal 33 de la televisión pública catalana ha hecho llegar a muchos miles de hogares la horrible historia de un montaje policial que se inició el 4 de febrero de 2006 y que supuso el cumplimiento de condenas de prisión para cuatro personas y el suicidio de una de ellas. La gran mayoría del medio millón de espectadores y espectadoras que registró el documental en la noche del sábado 17 de enero no sabían quienes eran Patricia Heras o Rodrigo Lanza. A lo sumo, recordaban un incidente relatado en los noticiarios años atrás en el que un conflicto con “okupas” se saldó con un agente de la Guardia Urbana en estado vegetativo. Seguro que muchas de las personas que vieron Ciutat Morta por primera vez el pasado sábado no dan crédito a la investigación de los autores. Sin duda, están en su derecho. Pero entre aquellas que quedaron estupefactas ante la brutalidad con la que el sistema represivo ha pasado por encima de las vidas de Rodrigo y sus compañeros y, sobre todo, de la vida de Patricia, se activó el inevitable resorte de la excepcionalidad. Y es que uno de los mecanismos más socorridos para superar la incomodidad que genera conocer los detalles del caso 4F es convencerse de que se trata de un caso aislado y único.

cartel-ciutat-morta_6Ciutat Morta puede haber roto la creencia instalada en muchas mentes de que “nadie tiene problemas con la justicia si no ha hecho nada malo”. También puede haber sembrado algunas semillas de desconfianza. Pero existe un refugio al que todos y todas deseamos acudir tras la escalofriante narración de la pesadilla: “Se trata de una desgraciada excepción, ¡lo tiene que ser!”. Hemos integrado casi como dogma de fe que “los inocentes no van a prisión” y que, aunque puedan producirse errores, el sistema de control y de penas no genera este tipo de injusticias más que de manera accidental. No nos resulta difícil creer que haya culpables sin castigar pero sí que haya “inocentes” pagando condenas. Sin embargo, en la historia del caso 4F se acumulan circunstancias que, lejos de ser excepcionales, forman parte del funcionamiento cotidiano de los cuerpos policiales y del sistema judicial, que no sólo ponen en cuestión estas dinámicas sino la propia construcción social de la inocencia y la culpabilidad.

Etiquetas y represión de la inconformidad: el caso del movimiento okupa

Nuestro concepto de la culpabilidad está en un estado permanente de construcción, que se alimenta a través de las imágenes que vemos repetidas en nuestros medios de comunicación. A medida que observamos cómo se repiten atributos en las personas retratadas como “culpables”, consciente o inconscientemente empezamos a crear perfiles asociados con esta categoría. Como veremos, el perfil del “culpable” contiene mucha más información que unas características psicológicas, físicas o económicas determinadas. Además de estos atributos, en la figura del culpable se recogen todos los juicios de valor que sostienen el orden social.

Una de los elementos más inquietantes que desvela Ciutat Morta es que la Guardia Urbana de Barcelona utilizó vagas referencias a rasgos físicos (como la “estética okupa”) para someter a personas inocentes a torturas de carácter aparentemente vengativo. Gran parte de la empatía que suscita el documental se debe a la percepción de que lo ocurrido lo podría sufrir cualquiera. En realidad, esto no es cierto. Y el hecho de que no le ocurre a “cualquiera” es lo que permitió que el caso del 4F se ocultara durante nueve años.

La persecución policial a base de perfiles es mayoritariamente sufrida por personas con rasgos físicos distintos a los de las personas blancas “normales” o “de bien”. Esto incluye, sobre todo, a las personas “de color” y las de estética “radical”, “transgresora” o “queer”. Además, estas etiquetas se suelen asociar con actividades “anormales” o “pervertidas”, reduciendo así la probabilidad de que quien las escucha se identifique con la persona retratada, lo cual aumenta la violencia que se permitirá aplicarle sin provocar una reacción de rechazo contundente por parte de la sociedad. Tal y como lo explica el antropólogo Manuel Delgado en el mismo documental, el orden social no contempla a los okupas como disidentes, sino como mugre, como un problema, no de orden, sino de higiene pública y moral.

Un sistema punitivo xenófobo

Mientras que los okupas son generalmente contemplados por el orden social como agentes de putrefacción urbana y moral, los inmigrantes, particularmente los de rasgos físicos no-blancos, son relegados a una categoría aún más extrema: la del elemento tóxico, un riesgo de contaminación e insalubridad ante el cual la comunidad se tiene que inmunizar. Es por esto que no extraña que la actuación policial narrada en Ciutat Morta presenta un fuerte componente racista. La reiterativa utilización por parte de la policía de apelativos despectivos relacionados con el acento o el aspecto físico de los encausados es un desagradable síntoma de la utilización de criterios “etnoraciales” para llevar a cabo una vigilancia selectiva de la ciudadanía. La práctica cotidiana de las fuerzas de seguridad ha situado al “inmigrante” en el centro de esta vigilancia selectiva. El lugar que ocupó en su momento el “drogadicto” (especialmente la persona adicta a la heroïna), lo ocupa hoy la persona extranjera. No solamente por las redadas en busca de personas con una situación administrativa irregular, sino también por la especial intensidad a la que determinados perfiles son sometidos al escrutinio policial. Este mayor escrutinio aumenta las posibilidades de sufrir las consecuencias de transgredir las normas, de modo que las sanciones no caen con mayor frecuencia sobre quienes más delinquen, sino sobre quienes sufren mayor control. Atravesar el Raval de Barcelona cargado con un quilo de cocaína y quedar impune es mucho más fácil para una persona autóctona de apariencia “convencional” que para un joven de origen norteafricano.

Una vez se entra en contacto con el sistema penal, las personas extranjeras también suelen sufrir un trato discriminatorio en la aplicación de la prisión preventiva. La nacionalidad o el origen geográfico son factores comúnmente aceptados para argumentar posibilidad de fuga por falta de arraigo y aplicar prisión preventiva a los encausados de procedencia extranjera, aún en casos como los de las víctimas del 4F que gozaban de doble nacionalidad. En noviembre de 2014, el 44% de la población penitenciaria de Catalunya era de origen extranjero. Si entre las personas encarceladas con nacionalidad española la proporción de presos preventivos era del 10,7%, entre las personas extranjeras era del 19,3%. Sin lugar a dudas, es mucho más fácil pasar por prisión para las personas de nacionalidad no española. De ellas, las que no disponen de una red de apoyo, de familiares y amigos que faciliten un mínimo contacto con el exterior y que, en caso de necesidad, proporcionen algunos recursos económicos para evitar la indigencia carcelaria, sufren una alta vulnerabilidad frente a todo tipo de abusos.

La línea roja del orden urbano

La elaboración de perfiles tiene implicaciones que van mucho más allá de las prácticas policiales y el sistema punitivo. Y es que el perfil es una de las piedras angulares del desarrollo urbano y el orden social producido por éste. No hay que olvidar que el caso del 4F ocurrió un mes después de que entrara en vigor la ordenanza del civismo, a través del cual el Ayuntamiento de Barcelona dejó claro cuáles serían sus prioridades respecto al uso del espacio público en la ciudad. En una palabra, lo que buscaban eran calles limpias, un espacio liso para el flujo de capital que llegaba en forma de turistas, cruceros, shopping, congresos y especulación inmobiliaria.

En 1960, el sociólogo y activista vecinal estadounidense John McKnight acuñó el término redlining (que en inglés significa, “marcar con línea roja”) para referirse a casos en los que el acceso a diversos servicios es denegado a algunas personas según su perfil. En la lógica apartheid del capital, el redlining es un mecanismo a través del cual se separa a los ganadores de los perdedores, condenando a los segundos a uno de dos procesos concretos: la exclusión o la explotación. A través de esta práctica, por ejemplo, la comunidad afroamericana fue excluida de los mercados hipotecarios, los seguros, barrios específicos o las zonas con espacios verdes, y relegada a espacios expuestos a riesgos medioambientales y condiciones insalubres. En el Estado Español, el redlining empujó a miles de personas inmigrantes hacia las hipotecas basura y los avales cruzados. Y en la ordenanza del civismo, la línea roja servía para “limpiar” las calles más rentables. En el mismo casco antiguo en el que ocurrieron los acontecimientos del 4F, no era inusual ver a los trabajadores de Barcelona Neta regando las calles para apartar a personas (en su mayoría inmigrantes y personas, digamos, de “estética okupa”) de la vía pública. Se podría decir que regaban el asfalto para que creciera.

54c4071145db7.r_1422133029958.0-4-660-342

Recomendaciones bibliográficas: 

Brandáriz, J. A. 2008. “La construcción de los migrantes como categoría de riesgo: Fundamento, funcionalidad y consecuencias para el sistema penal”. ECRIM. [Disponible en http://www.ecrim.es/publications/2008/ConstruccionMigrantes.pdf]

McKnight, J. L. 1987. “Regenerating Community”. Social Policy [Disponible en http://mn.gov/mnddc/parallels2/pdf/80s/87/87-RC-JLM.pdf]

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s